Aborto: Legalidad, moral, política y compromiso social en la Universidad de Chile.
Hace pocos días atrás, la estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad Católica, Rosario Corvalán, escribió para “El Puclítico”, una columna de opinión denominada “Universidad ¿de Chile?: Misoprostol e ilegalidad”. Esto, en el marco del taller “Aborto con pastillas”, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, organizado por diversos colectivos que tratan la temática del aborto, el género y la diversidad sexual, como también por el Centro de Estudiantes (CED) de dicha facultad. Al respecto, y como Presidente de aquél, tildado reiterativamente de forma indirecta de “inmoral” por la columnista, es que escribo (escribimos) las siguientes líneas, a modo -por supuesto- de réplica no dirigida necesariamente a la estudiante, sino como la vociferación pública de aquello que, sostenemos, es lo relevante en esta discusión.
Comencemos. En primera instancia, diferenciar algunos planos que no logran separarse en la columna: la Universidad de Chile, específicamente la Facultad de Derecho, no es la institución que organizó el foro. Este, tal como expresa en su columna Rosario, fue organizado por los grupos anteriormente mencionados. De ahí que la columna cae en un rotundo y reiterativo error: confundir una institución pública que abre los espacios para el debate y la reflexión, con que lo que se plantea en dichos espacios sea necesariamente la visión de aquélla, dejando entrever una nula o débil costumbre democrática deliberativa. Rosario nos conmina, entonces, a lo autoritario: si yo no estoy de acuerdo con tu posición desde lo institucional, simplemente no debo permitirte el mero acto de enseñar o reflexionar.
El misoprostol, reconocido y recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es posible de ser adquirido por todo el país, siendo de fácil acceso, también, su información por la web. Así lo reconoce el mismo Informe de Derechos Humanos del año 2013 [1]. Acá aplica, entonces, la doble moral: ¿hacemos, Rosario, oídos sordos a la realidad del país, despreocupándonos de la gran cantidad de mujeres que muere al año en el mundo [2] y en Chile por abortos, e incluso de los mismos 18.000 a más de 100.000 abortos que se estima se realizan al año en nuestro país[3]? ¿Hacemos vista ciega, Rosario, y deseamos que aquellas mujeres mueran en silencio, o tengan consecuencias físicas y emocionales para el resto de sus vidas? ¿Hacemos caso omiso, Rosario, de las más de 180 recomendaciones que ha recibido Chile desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de legalizar, al menos, el aborto terapéutico?
Pero vamos a lo concreto: la premisa esencial es que el aborto, ilegal en nuestro país, e inmoral desde la posición ética de la columnista, no puede ser objeto de -en sus formas efectivas de realizarlos- de ser problematizados ni enseñados. Es, en sus palabras, “atentar contra Chile”. O, al menos –y sincerémoslo- con el Chile que Rosario defiende.
Desmenucemos. La primera premisa es que, la intención de la autora, “no es demostrar la inmoralidad rotunda del aborto, sino lo patético de que una Universidad estatal enseñe a delinquir; lo insostenible de que un lugar mantenido con fondos del Estado esté capacitando gente para cometer un delito”. Primero, extraña concepción del calificativo: no pretende demostrar que aborto es “rotundamente inmoral” (¿asumimos, inicialmente, que lo es?), pero no hay discusión alguna para determinar que realizar una jornada de información y discusión a su respecto, sí. Segundo, y valdrá la pena mencionar, que gracias a un modelo económico que trasluce un sistema de educación al servicio del mercado (modelo creado por los “Chicago Boys” de la misma universidad de Rosario) la Universidad de Chile tiene un paupérrimo aporte estatal: inferior al 10%. Lo señalamos, más que nada, porque la premisa es engañosa en términos de la amplitud que intenta plantear en términos de financiamiento. Pero más allá de eso, obvia algo fundamental y ya señalado: la función pública de la Universidad es, justamente, dar cabida a la capacidad de discusión y problematización sin sesgos impuestos, menos aquellos provenientes de una determinada religión. Eso es lo público, eso es lo laico. ¿Por qué si Rosario no comparte ni aprueba el aborto, debiese ser, entonces, dicha posición la única existente? Por otro lado, veamos la contraparte: la Universidad Católica, siendo un proyecto confesional y por supuesto privado, y que recibe también aportes del Estado a través del AFI, es la misma Universidad que desvinculó hace poco a dos profesores simplemente porque Ezzati, cardenal del país, y el Rector, Sánchez, así lo decidieron en tanto no acomodan a su posición política y religiosa. Esa misma acción, ilegal, por cierto (y que tiene demanda a la UC) implica un claro sesgo: mientras en la Universidad Pública se permite pensar, en el proyecto universitario del cual Rosario es parte, y financiada por el Estado, la ilegalidad se comete sin tapujos con tal de evitar la diversidad. Debemos suponer que, al menos por consecuencia, Rosario debe haber tachado a Ezzati, Sánchez y su Universidad, al menos, de inmorales. Para qué hablar, claro está, del caso PENTA: personeros egresados de la Universidad Católica que delinquen. No nos cabe la menor duda de que ha escrito sendas columnas criticándolos.
Pero continuamos. Que, al contrario de lo que busca Rosario, esto no es una oposición de universidades. Y es que es simple: no somos fanáticos de la Universidad de Chile, porque reconocemos sus múltiples falencias. La primera de ellas, es que ésta sea efectivamente un reflejo de la sociedad chilena, eliminado la elitización que genera esa incapacidad de cuestionar que vive su universidad. Tampoco buscamos, como lo plantea la autora, caer en el absurdo de categorizar, a través de un hecho particular, una universalidad totalitaria: reconocemos el trabajo de muchos estudiantes de la Universidad Católica que luchan día a día por transformar su Universidad, y lo compleja de la tarea frente a la obcecación y fanatismo de quienes no buscan ni buscarán mirar por fuera de su realidad. Terminemos con el infantilismo.
Rosario, adelantándose a lo que piensa el lector, señala que no se permite abalar el taller en términos de “Libertad de expresión”, lo cual dirían los “autómatas” e “iluminados”, ni menos con que “no estamos haciendo algo ilegal, sino solo enseñándolo”, como se jactarían “los pillos”. Más allá de lo caricaturesco que se utilice el término “autómata” (que en griego significa alguien espontáneo y con movimiento propio, lo que efectivamente parece molestar) e “iluminados”, como si la libertad de expresión no incluyese, justamente, la capacidad de diferir frente a lo que se considera por otros como lo correcto, Rosario –inteligentemente- se adelanta a la realidad: efectivamente, y como suponemos sabe una estudiante de Derecho, aquí no hay delito: no se realizaron abortos, no se entregaron pastillas, no se indujo a nadie a abortar. Tampoco es delito que se explique cómo se realizan efectivamente los abortos. Y eso Rosario lo sabe muy bien (o sea, vamos al absurdo que tanto parece gustar: jamás podría explicarse, en una clase de Derecho Penal, la realidad en torno a los abortos en Chile). Llevémoslo a lo fáctico: Rosario quizás ignora, de extraña forma, que basta hacer unos cuantos clicks para encontrar la información sobre lo que se expuso en el taller en internet. Es decir, al parecer reproducir y cuestionar lo que allí se encuentra es, por cierto, más grave que leerlo en una página web. Parece que acto –a cara descubierta, en conjunto y sin miramientos- de enseñar y discutir resulta efectivamente inapropiado. Entonces, se devela la posición real que trasluce toda su carta, y digámoslo con todas sus letras: existe un alarido en torno a la molestia que se genera, desde su moral cristiana, que se pueda llegar al aborto. No es un tema legal. Es un tema político. Seamos claros.
“¿Qué pasaría si mañana se enseñara a torturar animales?, ¿o a “pegarse un lanzazo” en la calle?, ¿o a abusar sexualmente de menores? ¿Se podría esgrimir la libertad de expresión en esos casos?”. Y esto demuestra justamente, lo anterior: la errada y vergonzosa posición de comparar los derechos reproductivos y el derecho a la vida misma (porque la vida no es sólo nacer, es también la integridad física y psíquica; que como sabrás, Rosario, lo establece nuestra Constitución, tratados internacionales y jurisprudencia) con el absurdo de torturar animales –disfrute patológico sin colisión de derechos fundamentales-, robar o… ¡abusar de menores de edad, ¡“violar mujeres feas”! Porque sí, Rosario, efectivamente quienes creemos en la libertad de decidir, el derecho a la vida y que queremos terminar con una historia de opresión y dominación hacia la mujer, ¡tu mismo sexo!, somos aquellos que velaríamos por aquello, como si no fuese el absurdo frente al prisma político –e incluso constitucionalista- que planteamos. Eso sería una contradicción, una contradicción tan clara como la de tu carta, que no es pro-vida, es simplemente pro-nacer.
Como decíamos, este problema es y será político. Pero se disfraza, nuevamente, de algo técnico: Rosario nos conmina a recordar que el “derecho a la vida del que está por nacer” aparece en la Constitución, y que incluso está tutelado por el recurso de protección. Más adelante, nos dice que el aborto es asesinar una persona (como si aborto y asesinato no fueran, justamente, delitos distintos). Luego, que pretendemos “darle la espalda al orden jurídico positivo en pos de un derecho (¿natural?) de la mujer”. Rosario: el Código Civil establece diferencias entre los seres humanos nacidos (que son titulares de derechos subjetivos públicos o privados) y los seres humanos no nacidos (que son objeto de protección jurídica). Esto se indica en el artículo 74, en la medida que “la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre” (o revisa la definición de persona del art. 55 del mismo cuerpo legal), disponiendo, por ende, de los denominados atributos de personalidad: nombre, estado civil, domicilio, etcétera. ¿Es el feto una persona? En vista de lo anterior, no. Tampoco el feto es titular de todos los derechos fundamentales que consagra la Constitución: el feto sólo tiene el carácter de protección legal de “la vida que está por nacer”, en distinción literal del derecho a la vida de toda persona, el cual se asegura a las personas en el mismo art. 19 N°1. El feto carece del resto de los derechos fundamentales de nuestra Carta Fundamental en tanto no es persona; de lo contrario -y como insinúa la posición contraria al aborto terapéutico- tendríamos que definir que el nasciturus tiene derecho a la inviolabilidad del hogar y a la correspondencia; libertad de tránsito, libertad de iniciar una actividad económica, etcétera, es decir, un verdadero sinsentido. Rosario: el feto no es una persona. Rosario: el aborto no es sinónimo de un asesinato. Rosario: si vamos a utilizar lo legal, que sea sin disfraz. De lo contrario, le mentimos abiertamente a nuestra sociedad [4].
Y entonces, ¿habrá algo de cierto en la columna? Y es que la columnista al menos sí tiene un punto totalmente concedido: el taller efectivamente es y será un éxito, lo fue en Medicina, lo fue en Derecho, y eso no es más que por la sencilla razón de que es una temática real, cotidiana, concreta, fuera de la abstracción de posiciones axiológicas carentes de absoluto apego con las necesidades de nuestro país. Porque claro, es fácil reiterar posiciones rimbombantes contra el aborto desde la comodidad de la teoría, desde la comodidad del “yo vocifero, pero no me involucro”. Que todas esas mujeres –tu sexo, por cierto, Rosario- tengan que parir obligadas, ¿total? Qué importancia la calidad de vida del futuro niño o niña, qué importa su vida misma, qué importa la salud psicológica y física de la mujer, qué importa en comparación con la retórica obcecada, desprendida de toda materialidad. Los abortos es y son una realidad: sean en una Clínica privada con la doble moral de gran parte de quienes se encuentran en contra, ya sea con pastillas en el silencio obligadamente culpable de un modelo hecho sólo para algunos. Las altas cifras de aborto en Chile (que en muchos estudios superan los 100.000 casos al año), donde muchas mujeres mueren dando a luz a fetos muertos, inviables o producto de una violación, no son un invento: son una realidad. Que seamos uno de los cinco países de América Latina, más Malta y El Vaticano, donde no está permitido ni siquiera el aborto terapéutico, no es un invento, es una realidad [5].
Si desde tu visión somos, como estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile o Centro de Estudiantes, abortistas e inmorales, si desde tu visión somos parte de la desfachetez de “matar Chile”, bueno, entonces lo somos. Lo somos, y lo seguiremos siendo, porque tienes razón: nosotros sí le damos la espalda a Chile. Pero a uno muy particular: a aquél que vive del doble estándar, aquél indolente con la realidad país, aquél donde prima la desvergüenza. Porque hay una sencilla y clara diferencia: acá pensamos en el país y sus necesidades, acá pensamos en lo que efectivamente acontece fuera de nuestra cómoda burbuja, aquí pensamos en un mundo completamente distinto al que tenemos. Y lo vamos a decir una y otra vez con el orgullo no del lugar donde estudiamos, sino con la satisfacción de que el prisma del compromiso con nuestra sociedad adolece de las caretas que utilizan los mismos poderosos de siempre para hacer valer sus pretensiones. Ese es el compromiso real con nuestro Chile: el compromiso efectivo con su pueblo.
Leonardo Jofré R.
Presidente
Centro de Estudiantes de Derecho
Universidad de Chile.
[1] Informe Anual de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Santiago, 2013, p. 75. << Veáse online en http://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2013/10/libro_DD_HH_interior.pdf>>
[2] World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research. Unsafe abortion: global and regional estimates of incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2003, 5th, WHO, Geneva 2007.
Harris LH. Stigma and abortion complications in the United State, Obstet Gynecol,2012; 120:1472.<<Véase online en http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml>>.
[3] <<Veáse online en http://colegiodematronas.cl/index.php?option=com_k2&view=item&id=2046:controversia-acerca-del-n%C3%BAmero-de-abortos-en-chile&Itemid=168>>
[4] Para qué referir, entonces, a la extraña omisión de los tratados internacionales ratificados por Chile que reconocen el aborto como un derecho. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de enero de 1976, cuyo comité ha vinculado el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente, establecido en el artículo 6 del documento, con la realidad fáctica de las miles de muertes maternas producidas por los abortos clandestinos. O la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), que garantiza en su artículo 12 el derecho de la mujer al acceso a servicios de atención médica en condiciones de igualdad, incluyendo los que se refieren a la planificación de la familia. Como sabrás, Rosario, el art. 5 inciso 2 de nuestra Constitución no sólo reconoce los tratados internacionales en el deber de “promoción” del Estado, sino que también los integra en el ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidad. Su rango, según el tribunal constitucional, es supralegal: es decir, está por sobre la ley simple que tipifica el aborto
[5] Informe Annual de Derechos Humanos, Op. cit., p. 82.
