Columna para el Diario Popular del POR,
Pobladores Organizados de Renca.
El lunes 20 de febrero se iniciaron las clases de nivelación en el Colegio Cumbre de Cóndores, divulgado con bombos y platillos como el primer “Colegio de Excelencia” del Bicentenario. El proyecto, anunciado dentro de sus primeras diez medidas del actual gobierno y enmarcado en la creación de 50 liceos mixtos de excelencia a lo largo del país -según las palabras del Presidente, como el Instituto Nacional-, se plantea como una herramienta para la solución de las problemáticas de nuestra decaída educación pública.
Lo que a primera vista pudiese asomarse como una tremenda iniciativa para nuestra comuna debe ser analizada a la luz justamente de las movilizaciones que el pasado año mantuvieron movilizados a cientos de miles de estudiantes: ¿efectivamente estamos entregando educación de calidad a nuestros niños y jóvenes? ¿Cumple con ello dicho proyecto hoy en curso por tercer año?
Y es que existe una realidad inexorable: nuestro sistema educacional de tres formas de financiamiento (por cierto, único en el mundo) ha generado una segregación en la calidad de la enseñanza que ha repercutido considerablemente en el acceso a la Universidad, y con ello, por supuesto, en la movilidad social. Quienes integran hoy las universidades públicas del Consejo de Rectores, reconocidas por su excelencia y calidad, pertenecen en cerca de un 53% al IV y V quintil[1], es decir, al 40% más rico de la población, mientras que sólo un 27% al I y II quintil, es decir, al 40% más pobre. Dicha información debe analizarse a la luz de los verdaderos guettos educacionales que se han gestado en nuestro país: hoy, los colegios municipales, que poseen cerca del 40% de la matrícula de nuestro país, educan en sus aulas a quienes no pueden exceder a la educación privada o particular subvencionada, que funcionan, con muchísimo mayor asidero en el primer modelo, como instancias de mantención de statu social o como plataformas para el ascenso social. Esto, por supuesto, sin desconocer que la educación no es una mera herramienta de movilidad social, por el contrario, es un derecho que conlleva a la formación íntegra de cada integrante de nuestro país; mas, por las evidentes desigualdades de nuestro país[2], se transforma en una temática inevitable dentro de la discusión que circunda lo concerniente a educación.
En vista de lo anterior es que la llamada “libertad de enseñanza” (citada continuamente como el gran derecho a defender en educación por parte de quienes nos gobiernan), entendida como la capacidad de los padres de escoger el proyecto educativo que deseen para sus hijos, se relega a mera ficción: el único elemento que es capaz de decidir por nosotros es el poder adquisitivo. En lo concreto, nadie que no posea la capacidad de pagar altas mensualidades podrá acceder a un colegio particular, y difícilmente a un colegio particular subvencionado, relegándose a un establecimiento educacional público, que, sabemos, son los que obtienen los peores resultados. Nuevamente tema aparte es el escaso abanico de posibilidades que entrega la educación municipal, donde colegios dedicados a los ámbitos artísticos o deportivos son ni siquiera escasos, sino que inexistentes, incluso los técnicos profesionales de calidad.
Desde dicha concepción, un colegio municipal de excelencia pareciese ser entonces una gran alternativa. El problema es que justamente con ello se obvian los problemas de trasfondo: diferencias abismantes de inversión entre los diversos modelos económicos, la ya citada libertad de enseñanza entendida como libertad de mercado (la posibilidad de los sostenedores de abrir colegios y lucrar con ellos cumpliendo ciertos requisitos) y despreocupación estatal al entender por equidad sólo la búsqueda de acceso en desmedro de la calidad e igualdad de resultados, entre otras.
Así, la creación de más colegios “de excelencia” que implique seleccionar a los mejores estudiantes de diversas comunas y concentrarlos para una competencia que conlleve un supuesto progreso, genera, nuevamente, que sólo unos pocos puedan superar la mediocridad del sistema público. La solución debe pasar, entonces, por la desmunicipalización de la educación, otorgándole nuevamente al Estado un rol benefactor que implique, de forma descentralizada e inteligente, una mayor preocupación y eficacia en lo concerniente a educación, en lo concerniente al futuro de millones de chilenos.
Muchos podrían decir, entonces, que el colegio Cumbre de Cóndores es una solución parche, un paliativo, arriesgándonos aún sin conocer sus resultados a través de un verdadero proyecto educativo. Y sí, quizá lo sea. Para ahí mismo donde otros dirían que corresponde que los cupos sean limitados pues –en el objetivo mismo del avance paulatino es adecuado que los “más capaces” sean quienes ingresen al colegio-, se da la misma respuesta: la llamada meritocracia no existe cuando no se entregan las mismas condiciones para todos y todas. Volvamos al problema inicial: ¿cómo compite un estudiante de la educación pública precaria en una prueba de selección con uno que ha recibido mejor educación en otro de distinta índole económica? Ello sin siquiera considerar otros elementos propios del “educar”, como la educación informal (la que nos da el colegio de forma indirecta, como el esfuerzo, la perseverancia, etcétera) y no formal (los valores mismos que nos otorga nuestra familia, amigos; nuestro entorno) que claramente merman el aprendizaje y la motivación a él. En un ambiente donde el estudiante no puede desarrollar sus habilidades cognitivas el afectado no será nadie más que su futuro, y con él, el de toda una sociedad. La educación es una inversión de retorno colectivo: no nos educamos sólo para obtener réditos personales (como se obtiene hoy a través del modelo implementado en dictadura), sino que soporta objetivos de bienestar común, de funcionamiento para nuestra sociedad. Colegios “de excelencia” generan, así, per se segregación: tienen dicha calidad porque muchos otros “no son de excelencia”. Así, estamos diciendo con ello que sólo unos pocos tienen la opción de acceder a verdadera educación de calidad, mientras que otros –la inmensa gran mayoría- tendrá que relegarse, como dirían Los Prisioneros allá por el año 1986, a seguir pateando piedras. ¿No es, acaso, una violenta realidad?
Así, la educación como herramienta para el progreso social, cultural y personal no puede ser entendida como un servicio ni un privilegio, no debe haber sólo 50 ni 100 100 “colegios de excelencia”, sino que todos y cada uno debe serlo: la educación es, efectivamente, un derecho para todos y cada uno de nosotros.
[1] División de ingresos per cápita para la división de quintiles:
I Quintil: familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $53.184.
II Quintil: familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $90.067.
III Quintil: familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $140.665.
IV Quintil: familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $254.627.
V Quintil: familias cuyo ingreso per cápita es superior a $254.627.
[2] En 2011, el coeficiente de Gini fue de 0,503, lo que ubica a nuestro país entre los 10 más con mayor desigualdad del mundo. En términos de ingresos, dicho año el decil más rico del país ganaba 27 veces lo que recibía el decil más pobre del país. Al respecto, revisar <
2 comentarios:
puro atria
No, de hecho, particularmente me es desdeñable su postura desde un aspecto global, más allá de las aprehensiones que tengo del autor en sí sobre variados temas. Atria prácticamente sectoriza la concepción de derecho de la educación según nivel de enseñanza: no está de acuerdo con acceso irrestricto a las universidades, pues éstas son de "élite". Así, su concepción meritocrática carece de asidero para un sistema armónico donde la educación sea realmente entendida como un derecho, que, en mi postura (y si bien no se aprecia en la nota por lo reducido de la temática) debiese ser gratuita y de libre acceso para todo individuo en todos los niveles de enseñanza.
Por el contrario, las bases de la columna se centran en la reivindicación de las movilizaciones estudiantiles del año 2006 y posteriores, que tienen como fragüe central la desmunicipalización de la educación para el compromiso real del Estado con los derechos sociales, entendiendo éstos no como derechos de prestación (i.e. donde el Estado los otorga "en la medida de la posible") sino en equivalencia a los de primera generación o políticos, como derechos en su esencia, tan importantes como la propiedad o la libertad según nuestra sociedad erigida sobre las tesis del modelo neoliberal.
Saludos.
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