Aborto: Legalidad, moral, política y compromiso social en la Universidad de Chile.

Hace pocos días atrás, la estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad Católica, Rosario Corvalán, escribió para “El Puclítico”, una columna de opinión denominada “Universidad ¿de Chile?: Misoprostol e ilegalidad”. Esto, en el marco del taller “Aborto con pastillas”, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, organizado por diversos colectivos que tratan la temática del aborto, el género y la diversidad sexual, como también por el Centro de Estudiantes (CED) de dicha facultad. Al respecto, y como Presidente de aquél, tildado reiterativamente de forma indirecta de “inmoral” por la columnista, es que escribo (escribimos) las siguientes líneas, a modo  -por supuesto- de réplica no dirigida necesariamente a la estudiante, sino como la vociferación pública de aquello que, sostenemos, es lo relevante en esta discusión.

Comencemos. En primera instancia, diferenciar algunos planos que no logran separarse en la columna: la Universidad de Chile, específicamente la Facultad de Derecho, no es la institución que organizó el foro. Este, tal como expresa en su columna Rosario, fue organizado por los grupos anteriormente mencionados. De ahí que la columna cae en un rotundo y reiterativo error: confundir una institución pública que abre los espacios para el debate y la reflexión, con que lo que se plantea en dichos espacios sea necesariamente la visión de aquélla,  dejando entrever una nula o débil costumbre democrática deliberativa. Rosario nos conmina, entonces, a lo autoritario: si yo no estoy de acuerdo con tu posición desde lo institucional, simplemente no debo permitirte el mero acto de enseñar o reflexionar.

El misoprostol, reconocido y recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es posible de ser adquirido por todo el país, siendo de fácil acceso, también, su información por la web. Así lo reconoce el mismo Informe de Derechos Humanos del año 2013 [1]. Acá aplica, entonces, la doble moral: ¿hacemos, Rosario, oídos sordos a la realidad del país, despreocupándonos de la gran cantidad de mujeres que muere al año en el mundo [2] y en Chile por abortos, e incluso de los mismos 18.000 a más de 100.000 abortos que se estima se realizan al año en nuestro país[3]? ¿Hacemos vista ciega, Rosario, y deseamos que aquellas mujeres mueran en silencio, o tengan consecuencias físicas y emocionales para el resto de sus vidas? ¿Hacemos caso omiso, Rosario, de las más de 180 recomendaciones que ha recibido Chile desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de legalizar, al menos, el aborto terapéutico?

Pero vamos a lo concreto: la premisa esencial es que el aborto, ilegal en nuestro país, e inmoral desde la posición ética de la columnista, no puede ser objeto de -en sus formas efectivas de realizarlos- de ser problematizados ni enseñados. Es, en sus palabras, “atentar contra Chile”. O, al menos –y sincerémoslo- con el Chile que Rosario defiende.

Desmenucemos. La primera premisa es que, la intención de la autora, “no es demostrar la inmoralidad rotunda del aborto, sino lo patético de que una Universidad estatal enseñe a delinquir; lo insostenible de que un lugar mantenido con fondos del Estado esté capacitando gente para cometer un delito”. Primero, extraña concepción del calificativo: no pretende demostrar que aborto es “rotundamente inmoral” (¿asumimos, inicialmente, que lo es?), pero no hay discusión alguna para determinar que realizar una jornada de información y discusión a su respecto, sí. Segundo, y valdrá la pena mencionar, que gracias a un modelo económico que trasluce un sistema de educación al servicio del mercado (modelo creado por los “Chicago Boys” de la misma universidad de Rosario) la Universidad de Chile tiene un paupérrimo aporte estatal: inferior al 10%. Lo señalamos, más que nada, porque la premisa es engañosa en términos de la amplitud que intenta plantear en términos de financiamiento. Pero más allá de eso, obvia algo fundamental y ya señalado: la función pública de la Universidad es, justamente, dar cabida a la capacidad de discusión y problematización sin sesgos impuestos, menos aquellos provenientes de una determinada religión. Eso es lo público, eso es lo laico. ¿Por qué si Rosario no comparte ni aprueba el aborto, debiese ser, entonces, dicha posición la única existente? Por otro lado, veamos la contraparte: la Universidad Católica, siendo un proyecto confesional y por supuesto privado, y que recibe también aportes del Estado a través del AFI, es la misma Universidad que desvinculó hace poco a dos profesores simplemente porque Ezzati, cardenal del país, y el Rector, Sánchez, así lo decidieron en tanto no acomodan a su posición política y religiosa. Esa misma acción, ilegal, por cierto (y que tiene demanda a la UC) implica un claro sesgo: mientras en la Universidad Pública se permite pensar, en el proyecto universitario del cual Rosario es parte, y financiada por el Estado, la ilegalidad se comete sin tapujos con tal de evitar la diversidad. Debemos suponer que, al menos por consecuencia, Rosario debe haber tachado a Ezzati, Sánchez y su Universidad, al menos, de inmorales. Para qué hablar, claro está, del caso PENTA: personeros egresados de la Universidad Católica que delinquen. No nos cabe la menor duda de que ha escrito sendas columnas criticándolos.                                            

Pero continuamos. Que, al contrario de lo que busca Rosario, esto no es una oposición de universidades. Y es que es simple: no somos fanáticos de la Universidad de Chile, porque reconocemos sus múltiples falencias. La primera de ellas, es que ésta sea efectivamente un reflejo de la sociedad chilena, eliminado la elitización que genera esa incapacidad de cuestionar que vive su universidad. Tampoco buscamos, como lo plantea la autora, caer en el absurdo de categorizar, a través de un hecho particular, una universalidad totalitaria: reconocemos el trabajo de muchos estudiantes de la Universidad Católica que luchan día a día por transformar su Universidad, y lo compleja de la tarea frente a la obcecación y fanatismo de quienes no buscan ni buscarán mirar por fuera de su realidad. Terminemos con el infantilismo.

Rosario, adelantándose a lo que piensa el lector, señala que no se permite abalar el taller en términos de “Libertad de expresión”, lo cual dirían los “autómatas” e “iluminados”, ni menos con que “no estamos haciendo algo ilegal, sino solo enseñándolo”, como se jactarían “los pillos”. Más allá de lo caricaturesco que se utilice el término “autómata” (que en griego significa alguien espontáneo y con movimiento propio, lo que efectivamente parece molestar) e “iluminados”, como si la libertad de expresión no incluyese, justamente, la capacidad de diferir frente a lo que se considera por otros como lo correcto, Rosario –inteligentemente- se adelanta a la realidad: efectivamente, y como suponemos sabe una estudiante de Derecho, aquí no hay delito: no se realizaron abortos, no se entregaron pastillas, no se indujo a nadie a abortar. Tampoco es delito que se explique cómo se realizan efectivamente los abortos. Y eso Rosario lo sabe muy bien (o sea, vamos al absurdo que tanto parece gustar: jamás podría explicarse, en una clase de Derecho Penal, la realidad en torno a los abortos en Chile). Llevémoslo a lo fáctico: Rosario quizás ignora, de extraña forma, que basta hacer unos cuantos clicks para encontrar la información sobre lo que se expuso en el taller en internet. Es decir, al parecer reproducir y cuestionar lo que allí se encuentra es, por cierto, más grave que leerlo en una página web. Parece que acto –a cara descubierta, en conjunto y sin miramientos- de enseñar y discutir resulta efectivamente inapropiado. Entonces, se devela la posición real que trasluce toda su carta, y digámoslo con todas sus letras: existe un alarido en torno a la molestia que se genera, desde su moral cristiana, que se pueda llegar al aborto. No es un tema legal. Es un tema político. Seamos claros.

“¿Qué pasaría si mañana se enseñara a torturar animales?, ¿o a “pegarse un lanzazo”  en la calle?, ¿o a abusar sexualmente de menores? ¿Se podría esgrimir la libertad de expresión en esos casos?”. Y esto demuestra justamente, lo anterior: la errada y vergonzosa posición de comparar los derechos reproductivos y el derecho a la vida misma (porque la vida no es sólo nacer, es también la integridad física y psíquica; que como sabrás, Rosario, lo establece nuestra Constitución, tratados internacionales y jurisprudencia) con el absurdo de torturar animales –disfrute patológico sin colisión de derechos fundamentales-, robar o… ¡abusar de menores de edad, ¡“violar mujeres feas”!  Porque sí, Rosario, efectivamente quienes creemos en la libertad de decidir, el derecho a la vida y que queremos terminar con una historia de opresión y dominación hacia la mujer, ¡tu mismo sexo!, somos aquellos que velaríamos por aquello, como si no fuese el absurdo frente al prisma político –e incluso constitucionalista- que planteamos. Eso sería una contradicción, una contradicción tan clara como la de tu carta, que no es pro-vida, es simplemente pro-nacer.

Como decíamos, este problema es y será político. Pero se disfraza, nuevamente, de algo técnico: Rosario nos conmina a recordar que el “derecho a la vida del que está por nacer” aparece en la Constitución, y que incluso está tutelado por el recurso de protección. Más adelante, nos dice que el aborto es asesinar una persona (como si aborto y asesinato no fueran, justamente, delitos distintos). Luego, que pretendemos “darle la espalda al orden jurídico positivo en pos de un derecho (¿natural?) de la mujer”. Rosario: el Código Civil establece diferencias entre los seres humanos nacidos (que son titulares de derechos subjetivos públicos o privados) y los seres humanos no nacidos (que son objeto de protección jurídica). Esto se indica en el artículo 74, en la medida que “la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre” (o revisa la definición de persona del art. 55 del mismo cuerpo legal), disponiendo, por ende, de los denominados atributos de personalidad: nombre, estado civil, domicilio, etcétera. ¿Es el feto una persona? En vista de lo anterior, no. Tampoco el feto es titular de todos los derechos fundamentales que consagra la Constitución: el feto sólo tiene el carácter de protección legal de “la vida que está por nacer”, en distinción literal del derecho a la vida de toda persona, el cual se asegura a las personas en el mismo art. 19 N°1. El feto carece del resto de los derechos fundamentales de nuestra Carta Fundamental en tanto no es persona; de lo contrario -y como insinúa la posición contraria al aborto terapéutico- tendríamos que definir que el nasciturus tiene derecho a la inviolabilidad del hogar y a la correspondencia; libertad de tránsito, libertad de iniciar una actividad económica, etcétera, es decir, un verdadero sinsentido. Rosario: el feto no es una persona. Rosario: el aborto no es sinónimo de un asesinato.  Rosario: si vamos a utilizar lo legal, que sea sin disfraz. De lo contrario, le mentimos abiertamente a nuestra sociedad [4].

Y entonces, ¿habrá algo de cierto en la columna? Y es que la columnista al menos sí tiene un punto totalmente concedido: el taller efectivamente es y será un éxito, lo fue en Medicina, lo fue en Derecho, y eso no es más que por la sencilla razón de que es una temática real, cotidiana, concreta, fuera de la abstracción de posiciones axiológicas carentes de absoluto apego con las necesidades de nuestro país. Porque claro, es fácil reiterar posiciones rimbombantes contra el aborto desde la comodidad de la teoría, desde la comodidad del “yo vocifero, pero no me involucro”. Que todas esas mujeres –tu sexo, por cierto, Rosario- tengan que parir obligadas, ¿total? Qué importancia la calidad de vida del futuro niño o niña, qué importa su vida misma, qué importa la salud psicológica y física de la mujer, qué importa en comparación con la retórica obcecada, desprendida de toda materialidad. Los abortos es y son una realidad: sean en una Clínica privada con la doble moral de gran parte de quienes se encuentran en contra, ya sea con pastillas en el silencio obligadamente culpable de un modelo hecho sólo para algunos.  Las altas cifras de aborto en Chile (que en muchos estudios superan los 100.000 casos al año), donde muchas mujeres mueren dando a luz a fetos muertos, inviables o producto de una violación, no son un invento: son una realidad. Que seamos uno de los cinco países de América Latina, más Malta y El Vaticano, donde no está permitido ni siquiera el aborto terapéutico, no es un invento, es una realidad [5].

Si desde tu visión somos, como estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile o Centro de Estudiantes, abortistas e inmorales, si desde tu visión somos parte de la desfachetez de “matar Chile”, bueno, entonces lo somos.  Lo somos, y lo seguiremos siendo, porque tienes razón: nosotros sí le damos la espalda a Chile. Pero a uno muy particular: a aquél que vive del doble estándar, aquél indolente con la realidad país, aquél donde prima la desvergüenza. Porque hay una sencilla y clara diferencia: acá pensamos en el país y sus necesidades, acá pensamos en lo que efectivamente acontece fuera de nuestra cómoda burbuja, aquí pensamos en un mundo completamente distinto al que tenemos. Y lo vamos a decir una y otra vez con el orgullo no del lugar donde estudiamos, sino con la satisfacción de que el prisma del compromiso con nuestra sociedad adolece de las caretas que utilizan los mismos poderosos de siempre para hacer valer sus pretensiones.  Ese es el compromiso real con nuestro Chile: el compromiso efectivo con su pueblo.

Leonardo Jofré R.
Presidente
Centro de Estudiantes de Derecho
Universidad de Chile.

[1] Informe Anual de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Santiago, 2013, p. 75. << Veáse online en http://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2013/10/libro_DD_HH_interior.pdf>>

[2] World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research. Unsafe abortion: global and regional estimates of incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2003, 5th, WHO, Geneva 2007.
Harris LH. Stigma and abortion complications in the United State,  Obstet Gynecol,2012; 120:1472.<<Véase online en http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml>>.

[3] <<Veáse online en http://colegiodematronas.cl/index.php?option=com_k2&view=item&id=2046:controversia-acerca-del-n%C3%BAmero-de-abortos-en-chile&Itemid=168>>

[4] Para qué referir, entonces, a la extraña omisión de los tratados internacionales ratificados por Chile que reconocen el aborto como un derecho. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de enero de 1976, cuyo comité ha vinculado el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente, establecido en el artículo 6 del documento, con la realidad fáctica de las miles de muertes maternas producidas por los abortos clandestinos. O la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), que garantiza en su artículo 12 el derecho de la mujer al acceso a servicios de atención médica en condiciones de igualdad, incluyendo los que se refieren a la planificación de la familia. Como sabrás, Rosario, el art. 5 inciso 2 de nuestra Constitución no sólo reconoce los tratados internacionales en el deber de “promoción” del Estado, sino que también los integra en el ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidad. Su rango, según el tribunal constitucional, es supralegal: es decir, está por sobre la ley simple que tipifica el aborto

[5] Informe Annual de Derechos Humanos, Op. cit., p. 82.

Enajenación

Hoy me sucedió algo que me hizo dar una que otra vuelta a muchas cosas...

En el supermercado hay cierta gente que tiene prohibida la entrada. ¿Por qué? Porque van siempre y han, en aquellas ocasiones, armado peleas, robado cosas o siempre van en estado de ebriedad.

Bueno, dos de aquellos tipos -categorizados como 'flaites'- algo curados, se pusieron a discutir por ello con los guardias: les habían prohibido el ingreso. Con ello, uno comenzó a ofender al guardia, nuestro compañero de trabajo. Le dijo "si tuvieras cuarto medio sabrías que este es un lugar público, no pueden no permitirme ingresar".

Yo empacaba muy cerca. Siguió ofendiéndolo de aquella forma, es decir, desde su posición de explotado a otro explotado. Lo buscaba humillar porque, para él, ser guardia era tener poca educación. Lo buscaba humillar sólo porque no le permitían ir a comprar un sixpack de cervezas.

El guardia tiene una numerosa familia, donde él es un sustento importante. Trabaja el doble de jornada, por su madre y sus hermanas. Él está al último. Siempre lo veo cansado, de ahí le "meto conversa", hablamos, tiramos la talla, me responde "así no más es el asunto, hay que trabajar". Y él, el mismo, aguantó impertérrito cada una de las palabras expresadas.

Yo no pude. Me di vuelta, dejé la caja, y les dije, con rabia, que pararan, y que por cierto quien decía lo del sector público estaba siendo, aparte, un soberbio porque estaba equivocado en lo que argumentaba. No me gusta que discriminen a la gente, no le prohibiría a nadie el ingreso. Pero aquél, enajenado por el sistema -claro está- humillaba a otro... ¿por qué? ¿por una cerveza que no le dejaban comprar? ¿tanto valía para él aquello al punto de desembocar su frustración con un tercero que jamás lo provocó? ¿O más bien no se mide ni matices verbales ni la clase cuando se trata de sacar el odio que el mismo sistema te inculcó?

El tipo del lado del que se burlaba de mi compañero, con un gesto que no puedo olvidar, crispó los dedos y me dijo "anda a empacar". Me ordenaba mi función, también inferior. El que proliferaba soberbio error, me dijo muerto de hambre. Se enojaron tanto con mi interrupción, que me amenazaron y me dijeron que me "esperarían afuera".

Otro guardia les compró su cerveza para que se fueran. Mi compañero guardia me pidió calma, "Leo cálmate", y se puso entremedio para que no me siguiera involucrando. Logré conservarla sólo por él, mientras todo el mundo miraba la situación. La triste situación.

Se fueron. Seguí empacando no sin antes aguantar sus insultos. Aún tiritaba de rabia, y claro, algo también de miedo. Me sentí tremendamente violentado. Pasado todo, para coronar la situación, las siguientes personas que continuaron por la caja sólo atinaron a decirme frases que oscilaban entre "por qué existen esos flaites", "deberían encarcelarlos a todos", "ten cuidado afuera, no te vayan a hacer algo". Fue aún más perturbante, ¿cómo no entender por qué actúan así, y cómo poder congeniarlo con la rabia del momento?

Hay claridad en lo que pienso y siento, no dudo de mi posición política con esto, sólo lo reafirma. Pero qué crudo es sentirse humillado por quienes la mayoría rechaza, mas yo -como otros- buscamos no sólo entender, sino también defender de un mundo que los culpa por ser lo más relegado de un sistema segregador, injusto y cruel.

En fin, como muchas otras veces he dicho, queda mucho aún por hacer. Y algún día, que no quepa duda, cambiaremos todo esto. Por ellos, por el guardia, por todos y todas.

Elección de Decano

Señor director:

Por el presente medio se informaba la semana pasada del proceso eleccionario para el Decanato en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Dicho proceso -que se inició luego de su paralización durante casi un año- tiene importancia no sólo al interior de nuestra facultad, sino que también en la proyección hacia la sociedad de qué universidad pública deseamos construir para nuestro país. 

Al respecto, cabe preguntarse por qué la elección de una figura que representa no sólo a los docentes, sino que a toda la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y funcionarios no académicos), es elegido sólo por sus pares docentes. La universidad pública se construye bajo el esfuerzo, trabajo y dedicación de todos sus actores, piedra base de su fundamento público y social. 

Así lo ha entendido el Senado Universitario de nuestra casa de estudios, impulsando un proceso de reforma estatutaria, donde sectores conservadores han intentado repeler los avances en dicho sentido: la necesaria democratización de nuestra universidad, dejando atrás su impuesto y mantenido autoritarismo.

Como estudiantes nos organizamos no para exigir algo carente de reflexión ni ahistórico; planteamos la necesidad de retomar las raíces de la construcción triestamental de la educación y su proyecto al servicio de las necesidades de todo su pueblo y no del mero haber individual. Construcción conjunta no lejos de la experiencia latinoamericana, no lejos de lo que nos arrebató la dictadura cuando existía el claustro pleno y la participación de sus actores.

Leonardo Jofré Ríos

Presidente Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile

Carta publicada en La Tercera el viernes 27/03.

Discurso cambio de mando CED 2014-2015.

Estimados y estimadas compañeros y compañeras,

funcionarios y funcionarias,

comunidad docente presente,

Sr. Decano, Pierino Perazzo,

Sr. Vicedecano, Álvaro Fuentealba,

Sra. Directora de Escuela, Carola Canelo,

Sra. Secretaria de Estudios, Mónica Velozo,

Compañeros y compañeras de la Mesa CED saliente,

TRICEL:

Sin duda alguna, es difícil dirigir estas palabras. De hecho, nunca tuve muy claro cómo comenzar, qué plantear, cómo poder abrir más que un discurso un diálogo a través de estas palabras. Y llegué, con todas esas ideas y vueltas, a que lo único adecuado y correcto era ser lo más sinceros: escribir y hoy relatar aquello que nos motivó -como grupo humano- a asumir este compromiso.

Y digo que es lo más sincero porque parte de la convivencia del día a día. Porque quizás, con nuestras experiencias, se ve reflejado un universo amplio de compañeros y compañeras cuya realidad existe, pero es poco comentada. Porque somos parte de aquellos que viajan una hora o más para llegar a la Universidad, aquellos que provienen de la periferia, de La Cisterna, Conchalí, Renca, Maipú, esa periferia que hoy es excluida, esa periferia que queremos que esté aquí, con nosotros, representada en esta facultad. Porque también somos parte de ese grupo de estudiantes de región que viaja una o dos veces al año, que extraña, que necesita, que sabe el tremendo pesar que siente su familia por su lejanía, pero a la vez la tremenda alegría de que su hijo o hija estudie en esta facultad. Porque también somos parte de aquellos que vienen de Bachillerato, una realidad lamentablemente hoy secundaria, una realidad hoy omitida con sus problemas y complejidades, pero una realidad hermosa que nos hubiese gustado todos pudiesen vivirla. Porque sabemos lo que es provenir de intercambio, porque sabemos lo que es quedar en aquellos ciclos intermedios, muchas veces rezagados “a lo que quedó”, como un estudiante -nuevamente- de segunda categoría.

Y porque hay una cuestión muy básica, elemental: no podemos seguir dejando de lado realidades que hoy son solapadas en nuestra Escuela. La premisa es muy simple: hay que repensar y reconstruir nuestra facultad, y para ello se requiere, urge, necesitamos que se visibilice el rostro de todos y todas. He ahí la centralidad: existimos muchos que quizás nos concebimos desplazados. Sin voz. Omitidos. No escuchados. Y aquí existe una tarea, éste será el sello del nuevo CED que hoy asume, ése es el compromiso: que aquello nunca más vuelva a pasar en nuestra Escuela. Hay realidades que no pueden seguir esperando.

Porque lo dijimos y fuimos enfáticos en nuestra campaña: para recomponer las confianzas y volver a creer en la acción colectiva como motor de transformaciones - profundas transformaciones- debemos recuperar el concepto de comunidad universitaria. Y aquello ya no pasa sólo por tener un cuerpo estudiantil fuerte, comprometido, atento al estudio y la discusión, sino también por entender que no sólo somos un actor: somos un actor tremendamente, importante, pero un actor tremendamente importante que va codo a codo: particularmente, ni yo ni mis compañeros y compañeras nos sentimos ni nos sentiríamos nunca más que cualquier otro miembro de la comunidad universitaria. Y con ese mismo clamor, asumiendo el rol que cada uno juega en este espacio, es que queremos decir algo importante: la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile la construye su pasado, su presente y su futuro, pasado, presente y futuro que ha sido levantado por académicos, funcionarios y estudiantes, y queremos -así mismo- seguir haciéndolo: para volver a poner a la Escuela en los desafíos de un pueblo y país demandante debemos recomponer las confianzas, empoderar toda -y digo toda- nuestra comunidad, donde la triestamentalidad no sea sólo discurso, sea materialidad, sea acción y transformación. Creemos y vamos por una triestamentalidad efectiva.

Este 2014 vivimos una situación especial en nuestra Escuela. No hablamos, con ello, sólo de la administración del Centro de Estudiantes, CED al que, pese a todas nuestras públicas y visibles diferencias, sobre todo críticas por lo que representaba el no-proyecto de lista, reconocemos intentaron en todo momento sacar a flote un trabajo abierto. Hablamos de la despolitización. Pero la culpa no fue de retrocedamos: la culpa fue de nosotros, estudiantes que creemos en la política, estudiantes en su conjunto, quienes no supimos hacernos cargo de las desconfianzas que se generaban en nuestro espacio. Los colectivos políticos nos equivocamos: la omisión de trabajo, el doble discurso y el “todo vale” inevitablemente dañarían las confianzas. Este fue un diagnóstico presentado por todas las listas a Centro de Estudiantes. Lamentablemente, vemos como dentro de la misma campaña, e incluso después de los resultados, fue por muchos y muchas nuevamente olvidado. Aprendamos la lección, tomemos las enseñanzas: diferencias tendremos, siempre, es justo y adecuado, mas los objetivos que nos planteamos nos acercan mucho más de lo que nos separan. Unidad. Unidad. Unidad.

Y bueno, en lo concreto, ¿cuáles son los desafíos?

Primero, la construcción de una facultad que hoy esté al servicio de su pueblo, con un proyecto país claro y determinado. Se ha avanzado con el PDI, y ahora velaremos y trabajaremos por su instauración y cumplimiento. Pero falta. Debemos conjugar un proyecto claro, que dote al perfil del egresado de las competencias necesarias para su formación integral y también para pensar la sociedad. No queremos formar sólo esclavos del mercado. Queremos formar hombres y mujeres decididos a transformar, decididos a aportar y ser agentes de cambio.

Avanzar en el acceso y plantear un proyecto de transformación del mismo. Cuánta pena nos da que como estudiantes nunca haya sido un tema tan relevante. Cuánta pena nos da que hoy los estudiantes de colegios públicos estemos cada vez más invisibilizados en la matrícula. Cuánta pena nos da recordar a nuestros compañeros y compañeras que hoy no están acá, que no pudieron estar, que desde dictadura nunca nadie quiso que estuvieran, porque hubo unos pocos que a través de la fuerza, el odio y la muerte decidieron por todos nosotros. Lucharemos a nivel estudiantil nacional por la reforma. Lucharemos a nivel local para abrir los espacios para que nunca nadie vuelva a patear piedras, para que nuestra clase se haga presente en esta misma aula.

Trabajaremos porque nuestra Universidad comprenda que no puede avalar el subcontrato, menos una facultad de Derecho. Terminemos con la precarización laboral. Fin al subcontrato. Trabajemos por terminar con la opresión: de estudiantes a funcionarias, de profesores a estudiantes, de estudiante a estudiante: en el plano que sea, en el plano que se presente. Respeto mutuo. Comprensión. Que nadie más tenga que sentirse menos por su etnia, origen, sexo, lugar de donde proviene u orientación sexual. Que nunca nadie nunca más se vuelva a burlar de alguien por ser romper el consenso impuesto y su prejuicio, por ser distinto.

Por último, y dentro de muchos otros ejes, una cuestión fundamental: el Bienestar. Y no retrocederemos en esto: no es sólo lo inmediato, no es sólo lo que para muchos es banal, es la preocupación por nosotros mismos, por el que tenemos al lado. La situación es muy clara: hoy el estudiante que a veces no puede comer, hoy el estudiante que no puede pagar la micro, hoy el estudiante que no puede acceder a mejores condiciones de estudios, existe, está acá, y somos muchos más de lo que algunos creen. Porque existimos, existimos esos desfavorecidos de los cuales algunos no se sienten parte y por lo mismo critican sin entender, sin empatizar. Avanzaremos con decisión en esta materia, con miramientos y sin vacilaciones.

Son grandes transformaciones. Sabemos que es complejo, sabemos que es difícil. Pero tenemos claridad, certeza, convicción, de que con la disposición, el esfuerzo y el corazón de cada uno de los presentes, y también de los que no están acá, podemos, y sí, no sólo podemos, lo lograremos.

Porque iremos codo a codo aportando al movimiento estudiantil, y para eso requerimos volver a creer en transformar, la acción colectiva y los grandes cambios. Porque iremos por esa gran reforma a nivel nacional de una educación pública, gratuita, democrática, laica y no sexista; porque iremos por esa gran reforma local que ponga nuestra facultad al servicio de nuestro pueblo.

Porque ya hemos aguantado mucho y no podemos seguir esperando. Ya nos caímos y supimos levantarnos. Porque como dirían por ahí, por 1989, “nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve”. Compañeros, compañeras: por una nueva sociedad, por una nueva facultad: a crear y luchar.

Muchas gracias.

Trapecio infiel

Mírame

estoy por envidia humana enjaulado:

soy tu pájaro herido

acorralado por seres, ni siquiera,

de instinto reprimido,

si no de querer ser libres,

no sumisos.

No creas historias

de vicios de indecisión:

tú me conoces,

moldeas mis instintos.

Yo te amo,

tú, ¿me amas?

entonces,

¿para qué escuchas otra cosa,

Si no habrá oído para algo mejor?

Son vuelos de una sola mano

soy volcán y lago,

erupción y espera

de ese deseo de raíz cuadrada

para el trapecio de dieciséis piernas.

Y es que extrañaba tanto el tinto

que hice vino con otros labios,

labios de abertura al guiño necesario

para merodear en telares rosa

para tejer, exhausto,

de pedrada a emboscada,

punta croché a una nueva alma.

Amor no-mío

¿por qué me dices eso?

no te he sido infiel,

sólo amé más de lo permitido

y es que este corazón,

tan grande y desprendido,

no sabe conformarse
 con un único cariño.

Frente a los dichos de Van Rysselberghe: una breve respuesta desde el sentido común y el Derecho.

El día lunes 10 de febrero la senadora por la región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, declaró a La Tercera que “un niño no tiene la culpa de que lo adopte una pareja homosexual, indicando que va a sufrir el peso de la discriminación”. A su vez, señaló que “el apoyo al matrimonio homoparental, que incluye la adopción de niños y niñas, vulneraría los derechos del niño, los cuales a su juicio deberían estar por sobre los derechos de las minorías sexuales”.

No pretendo rebatir dicha postura que representa, en su conjunto, una posición política y moral desde los datos empíricos que hoy manifiestan un absoluto contrario a la idea que, de alguna u otra manera, los niños se verían afectados por tener una familia homoparental. Responderé desde los dos ámbitos en los que pareciese basarse la senadora: desde el sentido común y desde el Derecho.

El entender que el niño o niña sería discriminado por tener una familia homoparental es un argumento tramposo en tanto gira en torno a “consensos sociales” que como tales no son estáticos. Es decir, si hoy existe la discriminación es porque, en definitiva, bajo esos valores se ha desarrollado nuestra sociedad. Pero cada vez dicha situación, que parte desde la concepción del homosexual como “raro”, “antinatural” o el otrora “enfermo”, van desapareciendo paulatinamente de la misma, ya sea tanto desde  el efectivo entendimiento de la condición sexual como algo que no importa ningún tipo de discriminación (o un paso más allá, desde la adecuada internación y profundización de la teoría de género, aún minoritaria en este proceso), como desde lo que autores como Zizek llamarían “tolerancia represiva”, en donde se mantiene la opresión pero se asemejan ciertos tipos de integración que parece ocultarla, particularmente cuando dicha integración es servil al mercado o prototipos determinados que no atacan la raíz del problema en la misma. Sea una u otra, o en sus diferentes matices, lo cierto es que nuestra sociedad ha efectivamente interiorizado de mejor manera “la problemática homosexual”. De esta manera, argumentar en torno a lo incorrecto de la adopción por parte de parejas homoparentales en tanto la discriminación que ello conllevaría no es sólo no asumir el cambio de la sociedad, sino forzar mecanismos para retener el avance de éste o en desmedro de ello hacerlo ralentizarlo. El  problema no es la adopción, el problema es la discriminación. Es a ella a la que hay que atacar, desde las aristas de educación formal en todos sus niveles hasta en la convivencia del día a día. Negar la adopción por la discriminación es negarse a avanzar en lo que se requiere cambiar utilizando como argumento aquello mismo que es la razón de la necesidad del cambio.

            Desde un segundo punto de vista, se argumenta en torno a los derechos del niño. Éstos aparecen consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. El objeto de la Convención es reforzar la protección de los niños como plenos sujetos de derechos humanos, siendo, además, beneficiarios de cierta protección especial en su calidad de grupo más vulnerable, siendo aquello un mandato absoluto para el Estado y sus órganos a través del interés superior del niño.  En lo concreto, éste se refiere al “pleno respeto de los distintos factores que contribuyen a formar al niño, niña o adolescente, como persona, buscándose a través de tal actividad asegurar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales de los menores y posibilitar la mayor satisfacción de todos los aspectos de su vida, orientados al desarrollo de su personalidad”. Sentencias de tribunales nacionales y comparados, es decir,  jurisprudencia de Chile y otros países, ha establecido que dicho concepto es uno de carácter indeterminado o genérico, cuya magnitud se aprecia cuando es aplicado al caso concreto. De otro lado, el inciso 2º del artículo 222 de nuestro Código Civil, que constituye una verdadera declaración de principios sobre la protección que debe darse al menor, señala que “La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán  en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades”. Así, se tipifica el principio en cuestión en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué una familia homoparental, senadora Van Rysselberghe, no podría dar absoluto cumplimiento a dicha consideración que usted misma arguye? ¿Por qué se vulneraría, en el caso de una familia homoparental en el cumplimiento del citado artículo, el interés superior del niño? Sostener que aquello vulneraría el desarrollo del mismo no es más que una posición política que se lleva al plano del Derecho para dotar de contenido el citado principio. No existe algo así como el “interés superior del niño neutral”, como pretende hacer ver. Es sólo un ejercicio de argumentación, donde recurrir al Derecho no es más que un velo que buscar engañar por medio de la pretendida neutralidad de la norma, inexistente en ella y en las posiciones políticas, por cierto.

Por otro lado, acá no hablamos de una pugna de ponderación -como lo plantea la senadora- en torno a los derechos del niño versus los “derechos de la diversidad sexual”, que no son más que expresión del derecho de todo ser humano a contraer una familia (lo que, aclarando desde ya, no conlleva en sí matrimonio ni adopción necesariamente, pero siendo una de sus variantes y la más común, corresponde entenderla como un anhelo para un gran número de parejas homosexuales). Por ejemplo, la declaración de “Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual e Identidad de Género”, señala, en su principio 1, como cuestión fundamental que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres  humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos”. En complemento a lo anterior, referido especialmente al derecho a formar una familia y a garantizar la dignidad y derechos sin discriminación para todo ser humano, señala el principio 24 que “Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su  orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la  orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes”[1]. Ello se complementa con la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 16.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en Chile el 29 de abril de 1989, en su art. 23.2, su reiteración en el Pacto de San José de Costa Rica en el art. 17.2 y su complemento en el  art. 2.1., que se refieren a lo anterior en la misma línea. No existe dicha ponderación pues no se trata de oponer cada derecho para ver determinar “cuál es más importante”: para el desarrollo de cada niño la familia es un ente vital, por ende para la correcta defensa del mismo y el verdadero respaldo al interés superior del niño, el derecho a la crear una familia de todo ser humano, independiente del carácter de la misma, no es una oposición, sino un necesario complemento.

La ley debe renunciar a imponer un modelo de familia y debe limitarse a otorgar el respectivo respaldo a las opciones que puede tomar toda persona en uso de su autonomía moral.  El ordenamiento jurídico chileno no define, en sí, qué se entiende por familia. Y ello no es casualidad: en el Informe de la Comisión Nacional de Familia creada  por 1992, Jaime Silva señala que “el constituyente deja abierta la posibilidad  que sea la sociedad, en cada momento histórico, la que defina qué entiende por familia y cómo se harán efectivas muchas de las aspiraciones programáticas consagradas por la Constitución”[2].

La realidad referida anteriormente es una que no debe soslayarse: al año 2013, según los datos otorgados por el Censo 2012[3], se estima que del total de 13.045.880 de personas que tienen 15 años o más, 34.976 personas conviven con una pareja del mismo sexo. Esto, por supuesto, sin considerar aquellos datos que omiten los propios censados en concordancia a las ostensibles discriminaciones por la orientación sexual de cada uno de ellos que aún oscilan en nuestra sociedad, además de aquellos que, si bien no conviven, tienen una orientación sexual diversa, por ende tampoco constituirán una relación de carácter heterosexual y por ende con posibilidad de matrimonio.

Constituir una familia es un derecho independiente de la condición sexual de la persona que es titular del mismo. Los derechos del niño implican cuestiones elementales: cuidado, protección, educación y amor. La familia -en sus diversas formas, y con o sin matrimonio- es una institución vital para el desarrollo del mismo: homosexuales o heterosexuales tienen el mismo derecho al matrimonio, a formar a una familia y a defender, justamente, el interés superior del niño.

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[1] En el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU (año 2009), Chile se comprometió a aplicar los Principios de Yogyakarta (año 2007) Si bien tal normativa no corresponde a una Convención o Tratado Internacional en virtud del cual se obliguen los Estados, se trata de un cuerpo de principios que sirven para interpretar la normativa internacional. Al respecto, y habiéndose señalado ello, cabe destacar la aplicación de ésta a objeto de entender los derechos para aquellos integrantes de nuestra sociedad con una orientación sexual o identidad de género minoritaria dentro del contexto que suscita este texto, es decir, su derecho a formar una familia y cómo el legislador integra diferentes expresiones de ésta donde se puedan ver efectivamente involucrados, como una de las tantas concepciones de familia que hoy son dejadas al margen por nuestra normativa.

[2] SILVA, Jaime. El derecho a procrear en el ordenamiento constitucional chileno. Revista Chilena de Derecho, Vol. 21 N°2, 1994, pp. 283-306, p. 290.

[3] A objeto de todos los datos presentados a continuación por el INE, revisar “La Familia Chilena en el tiempo”, << Véase online en http://estudios.sernam.cl/documentos/?eMTU1MDkzNA==La_Familia_Chilena_en_el_Tiempo>>.

El Concepto Meritocrático de Escuela y Acceso a la Educación Superior

El debate público se ha centrado estos últimos años, con altos y bajos, en lo concerniente a la educación como derecho fundamental. Es, en definitiva, lo que hemos instalado como estudiantes: la necesidad de un Estado garante de nuestros derechos fundamentales. La perspectiva reivindicativa no proviene sólo del pasado 2011, sino que se devela desde el trabajo e impulso del “Mochilazo” el 2001, y, por supuesto, la “Revolución Pingüina” del 2006, ambos hitos de mayor trascendencia dentro de todo un proceso de acumulación de fuerzas. Se trata de la maduración y entendimiento de un actor, como lo es el movimiento estudiantil, que demoró años: se creció desde las caídas, victorias y derrotas.

La introducción es vital en tanto nos denota una cuestión que debemos siempre tener en cuenta: ha sido todo este proceso uno  de absoluto crecimiento. Hoy, la cuestión problemática que hemos enarbolado desde nuestro sector se centra en la gratuidad en la educación, pero -y esta es la primera tesis- fue comprendida desde un ángulo por lo menos sesgado.

Sin duda alguna, la lucha por una educación de calidad y gratuita con el fin del financiamiento privado y del endeudamiento es una arista vital, pero sigue centrando la discusión en torno al factor económico, el factor monetario de lo que hemos enunciado como un derecho. Quizás ello fue necesario en su momento no tan sólo por su fin, sino también en tanto generaba empatía en el pueblo pues problematizaba desde el bolsillo de cada familia. Mas hoy es indudablemente insuficiente al alero de un cambio real no sólo en el modelo educativo, sino también en el modelo económico y político del país. Me explico. Hoy la discusión no debe sólo ser en torno al autofinanciamiento o al fin del endeudamiento y el lucro, la discusión no debe ser una que siga centrada en absoluto en la educación como un bien transable al mercado, sino que debe dar un paso más allá y plantear el siguiente debate: qué educación queremos y cómo esta educación alimenta un modelo social que debemos como pueblo definir. Mucho se ha comenzado a hablar, entonces, de forjar un verdadero proyecto educativo.

De esta forma, damos luces de la maduración de un proyecto y una lucha sin duda alguna reformista, pero que guarda –en perspectiva- un profundo espíritu revolucionario.  El primer paso, la gratuidad, ya está superado en torno al planteamiento de la demanda. Y aquí viene, luego de una larga introducción, la segunda tesis: debemos dejar de entender la educación como una herramienta de promoción social, desde el mal empleo de esta idea dentro del movimiento estudiantil hasta esta concepción bastante generalizada dentro de nuestra sociedad. Debemos dotar de propio contenido la respuesta a qué educación queremos, y exigirla.

Lo anterior nos lleva inevitablemente a dos ideas fundamentales. Primero, una que sería llamado por muchos “realista”, donde se nos menciona la meritocracia como fundamento esencial de la vida en sociedad. Lo cierto es que la educación municipal profundiza los ghettos sociales, ghettos que persisten en la reproducción de la situación socioeconómica de cada familia, que parte en el liceo, colegio o escuela y se traspasa a la universidad. La única opción de muchas de estas familias son los llamados “liceos emblemáticos” (es, de por sí, triste: le estamos diciendo a cientos de miles de niños y niñas que deben competir por entrar a estos colegios, porque -en gran parte- sólo en ellos les espera un futuro mejor, dejando al resto pateando piedras -como bien enunciaban hace años Los Prisioneros-, un modelo de Escuela es un especial llamativo a los sectores medios, particularmente lo que podría enunciarse como pequeña burguesía, sectores económicamente incipientes o, si se quiere desde la siutiquería, new rich), colegios que se basan en la selección, colegios que se transforman en enormes máquinas que clasifican, dan estereotipos, rotulan y direccionan a sus estudiantes hacia un camino determinado en la vida. Se le entrega –lo que es grave- legitimidad a la escuela, y particularmente a estos colegios, como mecanismos de movilidad o ascenso social mediante la idea del “logro”, de la “capacidad”. Así, por un lado la “meritocracia” esconde una pirámide escolar de base ancha y punta ínfima que condena cruelmente a los estudiantes más desfavorecidos, y, en segundo lugar, hace caso omiso a la condición misma de quienes no pueden seguir escalando en dicha pirámide: no hay consideración alguna a la realidad particular ni local, la situación socioeconómica como condicionante de la calidad de la educación, la educación no formal (familiar, del círculo íntimo, del círculo de amistades) que entregan valores y virtudes, las cuales siguen estando supeditas al mismo proceso histórico y tópico de cada familia. En lo concreto, no es lo mismo provenir de una familia con problemas de drogadicción, violencia intrafamiliar y delincuencia en una comuna de alto riesgo social, a nacer en una de situación económica e íntima estable. No le podemos exigir a cada estudiante lo mismo. La escuela meritocrática, por supuesto, sí lo hace.

Como segunda idea, un planteamiento que sería considerado por muchos como “ideologizado”: la promoción social conlleva el asumir de forma natural la sociedad de clases, dándole legitimidad a las mismas, y, lo que es aún peor, se vislumbra como una superación de su antagonismo irreconciliable. Por medio de la escuela, este mecanismo promotor, se puede traspasar desde la clase desfavorecida, explotada, a la dominante. En el fondo, llega un punto donde se le otorga validez a que ciertos educandos generen una continuidad para el traspaso de explotado a explotador, cumpliendo a cabalidad no sólo la naturalización de clases sociales, sino que a su vez prepara, con capital humano, su reproducción, asegurando la coexistencia de ambas.

De esta forma, y superando aquella idea, la educación –y acá incluyo también a las universidades- debe responder a un qué queremos como sociedad, no a la idea externa de ella como una herramienta de promoción social. Junto con esto, en el ejercicio propio de la educación, ésta funciona, en lo interno, como un mecanismo de capacitación para la mano de obra y el capital humano especializado (fruto del sistema capitalista imperante, sus condiciones objetivas o el factor económico) y la difusión transversal –imposición, para ser específicos- de formas ideológicas y elementos culturales dominantes (la función subjetiva, la apelación al sentido común o el factor ideológico). Formas y elementos que, por supuesto, reproducen el statu quo y aseguran su fortalecimiento.

La pregunta es, entonces, cómo debemos entender la educación y porqué reviste tanta importancia. Aquí viene la tercera tesis: es inseparable la educación del modelo de sociedad que queremos construir. Así, como señalaría Durkheim, la educación es “la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que aún no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él, la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado”. Particularmente, dichas exigencias de la sociedad provienen de las condiciones de las mismas y sus consensos. En una sociedad de clases donde exista dominación, prevalecerá un modelo que tienda hacia la perseveración de la misma.

La educación, entonces, debe entenderse de una forma diametralmente opuesta. No debe pensarse de la lógica de la retribución individual, sino que social: lo que con ella cada ser humano aporta a la vida en conjunto, al ser colectivo y no al egoísta. Luchar contra la misma concepción liberal de los derechos humanos que se expresan en las aras de la libertad negativa (la no intromisión, interferencia) y la propiedad. En su esfera privada, que sea un potente instrumento de libertad, para que su capital cultural sea utilizado en provecho del individuo y a la vez del conjunto, para lo cual no es escindible una profunda transformación social que garantice en definitiva la fehaciente libertad, desprendiéndose la escuela de elementos superpuestos de dominación. Que, como lo vinculaba Hegel, se establezca como una instancia de mediación que sitúe su existencia entre el niño que se desprende paulatinamente de la familia, y el mundo del trabajo y la política, esto eso, el mundo del Estado y la sociedad. Que sea un elemento propio de lo público, que se prepare y forje al niño, adolescente y joven para la vida en comunidad. Esto genera, a su vez, una política de reconocimiento: el ser humano interactúa, se diferencia de otros al contacto, se reconoce y conoce como distinto al resto y por ende particular. Se provee como un ser único. Así, cumple una función vital, a su vez, en el crecimiento individual de cada ser humano.

Por último, y no tan extenso como querría, la cuarta tesis: para poder promocionar un cambio de tan alta trascendencia, asumiendo que las reformas son globales y requieren de múltiples modificaciones en todo un sistema educativo, debemos abordar la temática del acceso a la educación superior como un elemento de vital trascendencia.

Este ha sido un punto enclenque del movimiento estudiantil, el cual poco y nada ha discutido sobre el tema. Hoy, existen iniciativas de carácter paulatino que se proveen como mecanismos para soslayar las amplísimas brechas sociales en el ingreso a la educación superior, como son las Becas de Excelencia Académica, el sistema de propedéutico (USACH), los Cupos de Equidad (Universidad de Chile) y recientemente el ranking como herramienta elemento de ponderación en el acceso a la Educación Superior, impulsado particularmente por la Universidad de Santiago y la Universidad Católica. Ahora, no debemos olvidar, en aras de ese mismo horizonte revolucionario, una idea fundamental: el acceso irrestricto para cada estudiante al sistema universitario. Que todo aquel que desee estudiar en una Universidad pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de la educación como una herramienta de promoción social. No queremos una universidad donde se nos cuestione la empleabilidad, donde se nos plantee el ya recurrente “¿qué pasaría si todos fuéramos profesionales?”, donde se trabaje desde la idea de rentabilidad. Porque lo hemos dicho una y otra vez: el cambio en materia educacional sólo podrá ser real cuando sea transformador, y para ser realmente transformador –y aquí la presión que pone el acceso irrestricto- debe tocar las aristas más profundas de nuestra sociedad, basada en su contradicción entre capital y trabajo. Sólo en una sociedad sin explotación con una jornada de trabajo justa y que dé cabida a todos y todas podrá tener su espacio todo profesional, como también quien no quiera serlo. Es un cambio real, profundo y necesario para la verdadera reconciliación entre todo ser humano. Y porque la educación no debe ser una herramienta de promoción, sino una de encuentro social, de provecho popular y que guarde una relación intrínseca con la anhelada libertad de todo ser humano.

La educación toca las fibras más profundas de nuestra sociedad, develando las vicisitudes más genuinas de la misma.  Ahora, el paso debe ser auténtico y al unísono: la educación más allá de su carácter de derecho fundamental, la educación en su contenido que devele cuál es el proyecto social de país que queremos construir. Esa es una deuda histórica de nuestro Chile.

Carta NO Publicada: Ante el triunfo de "RetroCEDamos" y la Editorial de El Mercurio.

Siendo bastante probable que no la publicaran, compartimos con ustedes la carta al director que enviamos con Juan Pablo Ciudad Perez a propósito de la Editorial de El Mercurio del pasado miércoles, en donde se señala, con una serie de desvirtuaciones y mentiras, que el triunfo de "RetroCEDamos" obedece a la derrota del estudiante y su proyecto país.

Señor Director: 

Como integrantes de 2 de las listas al Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, el primer firmante de la lista “Avancemos” y el segundo de la lista “Creemos Juntos” quisiéramos referirnos a la Editorial del presente diario del pasado miércoles 12 de Noviembre, en tanto se pronuncia sobre el triunfo de la Lista “Retrocedamos” en nuestra Escuela. En primer lugar, aclarar que la lista que pasó a segunda vuelta junto a los ganadores de dicha elección no era una lista trotskista como lo manifiesta el medio, sino que era una lista de izquierda –tal como las cinco que se presentaron en esta elección- compuesta por dos orgánicas e independientes, donde sólo una de sus integrantes adhiere a dicha corriente de pensamiento dentro de la izquierda. 

Segundo, es absolutamente falso señalar que ha existido “presión de la actual dirigencia universitaria para que los candidatos electos no asuman sus funciones”. Es más, la lista asumió pese a la renuncia de cuatro de sus seis miembros sin ningún inconveniente, y con una declaración de apoyo y respeto por parte del Centro de Estudiantes saliente, como también el reconocimiento de otras fuerzas políticas. 

Tercero, y más importante, los que han erguido interesadamente a esta lista como un triunfo del gremialismo, desconocen que sus integrantes han participado activamente de las movilizaciones que reivindican no sólo una mejor educación, sino también un nuevo proyecto país; por lo tanto este fenómeno no denota de ninguna manera un triunfo del estereotipo “gente normal” frente y en oposición a la izquierda universitaria, por más que gran parte de la derecha inorgánica de nuestra Escuela haya votado por ella. 

Cuarto, que consideramos que de todos modos se torna complejo el escenario para el próximo año, tanto en lo local como en lo nacional, con una lista de las características de la que recientemente asumió, mas ante todas las adversidades y el relato interesado interna o externamente que algunos puedan desarrollar, el estudiantado seguirá allí para responder con organización y unidad, pues es éste, y no un colectivo o lista en particular, el que debe gestar la movilización y las transformaciones que Chile requiere.

Finalmente, pese al “voto castigo” del cual nos hacemos parte y reflexionamos, existe una realidad que no debe soslayarse: entre las 4 listas restantes, todas de izquierda, al igual que la vencedora, se encuentra más del 70% de la votación de nuestra Facultad, votación que año a año crece. Todas esas listas, con todas y cada una de sus diferencias, reivindica sin sátira, sino con trabajo, discusión política y organización colectiva, algo de lo que ha sido testigo nuestra facultad, Universidad y el movimiento estudiantil: los estudiantes no sólo somos un ente de paso que va a recibir un bien transable en el mercado, somos un actor político que entiende que hoy no basta sólo con estudiar, sino que debe y se siente comprometido con los cambios que hoy su país requiere. Cambios a los que, por cierto, muchos parecen temer.

Atentamente, 

Juan Pablo Ciudad P., Militante JJ.CC. 

Leonardo Jofré R., Militante UNE.

Victoria.

            8.00am, Metro. Por fin abría los ojos. Allí estaba, en el paraje de siempre, sin los de siempre. Las sonoridades retumbaban en la caja de baldosa, cada paso argüía un quejido diverso: la expresión distinta entre un ir y venir, un aquí y un allá, un subir y bajar; un ritmo frenético, de selva de cemento, de ruidos de suelas y tapices gastados como la de cualquier santiaguino, por definición inquieto. El eco de los tacos de aquellas, de sentencia siempre tan definitiva, las mochilas exuberantes, los bolsos comprimidos, los cuadernos y las tareas expectantes: todo listo y dispuesto.

            Llegaba el momento. Ya no había cómo mirar atrás: ahora, cada desconocido, querría ser un ganador más. Lo sentía. Podía observar, en sus gestos displicentes, la negativa al retraso de una vida más. Coraje, -me decía- llegaba una nueva jornada de valentía, un reto por superar.

            Y así, en el momento indicado, se asomaba el dueño de casa descendiendo su velocidad, anunciando reinante su llegada. La tensión se apoderaba del lugar: cuatro, tres, dos, y uno; ya no había tiempo para ser un dubitativo más.

            Fin. Se abrieron las puertas, el enemigo descendía. Lo logró: no hubo daño alguno; el tumulto avanzaba, yo con él, estábamos arriba. Sonrisas. Una gran victoria para comenzar el día.

"Aprobación" de la Ley Hinzpeter: ¿De qué hablamos?

Por Leonardo Jofré R.

Consejero de Facultad

Facultad de Derecho U. de Chile

Antes que todo, hay que dejar en claro que si bien es una aprobación “general”, gran parte del articulado –de hecho, la mayoría- no fue aprobada, rechazándose por la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto pasará a la Cámara Revisora, el Senado, para su aprobación, pero ya no será el proyecto original más las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, pues gran parte de ellas fueron rechazadas.  Por supuesto, esto no quiere decir, de ninguna forma, que los artículos restantes no sean nocivos para la protesta social.

Desmenuzando las implicancias, vamos por parte:

¿CON QUÉ VOTOS SE APROBÓ LA LEY HINZPETER?

La Derecha retrasó la votación para el día de ayer debido a que no contaba con seguridad con los votos necesarios para poder aprobar la ley. Siendo ello parte de la incertidumbre, hoy en la votación la ausencia en la sala de tres diputados de la Concertación -el DC Juan Carlos Latorre, Joaquín Tuma del PPD y la socialista Denise Pascal- y el voto a favor del PR Fernando Meza, permitieron que se aprobara la propuesta del Ejecutivo, puesto que en la derecha también hubo ausentes: Mario Bertolino de RN, Javier Hernández y Cristián Letelier de la UDI.  Por supuesto, votaron a favor –en particular y en general- de la iniciativa toda la bancada UDI, RN y el ya citado radical.

¿QUÉ SE APROBÓ, ENTONCES, DE DICHA LEY?

 Quedaron sólo dos artículos del proyecto original (el modificado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas el año 2012, para entendimiento en la presente columna), a votarse por el Senado:

 A) Considerar como sujetos pasivos (víctimas) del delito de “atentado contra la autoridad” las agresiones con las Fuerzas del Orden y la Seguridad Pública, junto con Gendarmería de Chile. (73 votos a favor, 37 en contra y 3 abstenciones).

Esto implica que  “cometer o resistir con violencia, emplear fuerza o intimidación” (art. 261 Código Penal, en adelante CP) contra fuerzas especiales y gendarmería será considerado atentar contra la autoridad, lo que conlleva como pena facultativa reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años) o multa de 11 a 15 UTM.

El proyecto original contenía como modificación que la pena para dicho delito fuese de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) según la forma en que se cometiese la agresión (esto podía dar paso incluso a la penalización de la agresión verbal), sacando la pena de multa, pero nada de esto pasó al Senado.

De esta forma, al ser querellante, éste puede apelar la suspensión condicional del procedimiento (acuerdo para evitar proseguir con la investigación sobre un delito entre imputado y Fiscal propuesto al Juez de Garantía, teniendo que cumplir el imputado una condición entre 1 a 3 años, como, por ejemplo, “no marchar”), pudiendo forzar así la investigación correspondiente en contra del imputado. La idea no es sólo amedrentar, sino también tener una línea similar a la que posee el gobierno de “combatir la delincuencia”, lo que para ellos se entiende como enjuiciar a todos y todas y saturar las cárceles. También podrá oponerse al sobreseimiento de un juicio (término del mismo, ya sea temporal o definitivo) y tener la facultad, si así lo merita el juez, de reemplazar al Ministerio Público. Por supuesto, este punto merece toda nuestra atención debido a las graves implicancias que conlleva.

¿QUÉ FUE LO QUE NO SE APROBÓ?

 Hay que subdividir. Primero, entre aquellas modificaciones al Código Penal que incluía el proyecto original, segundo, entre aquellas indicaciones al proyecto presentadas (dos veces) por Piñera este año.

 A. Modificaciones Originales al art. 269 CP, Desórdenes Públicos.

Se reemplazaba el tipo penal del delito de desórdenes públicos, contenido en el artículo 269 del Código Penal, por una nueva figura que sancionaba con una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es, de 61 días a 3 años, a los que cometieran (hasta antes de las indicaciones de abril de 2013 se señalaba que la pena irían para quienes “participen”, siendo este verbo uno mucho más amplio en términos de determinar culpabilidad que el actual) desórdenes públicos graves que importaran:

(i) Paralizar o interrumpir, valiéndose de fuerza en las cosas o de violencia o intimidación en las personas, algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; y,

(ii) Impedir o alterar, ejerciendo violencia o intimidación en las personas, la libre circulación por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes, resistiendo el actuar de la autoridad.

Esto se rechazó. Se buscaba, así, penalizar con hasta 3 años de cárcel, cumpliendo las características enunciadas (ambiguas a objeto de considerar la consecución del delito), a quien o quienes paralizaran o interrumpieran servicios públicos (cuestión criticada, claro está, por gremios del transporte, de la salud, u otros, debido al entendimiento de dichas paralizaciones como una medida histórica de presión) como también quienes realizaran “cortes de calles”, participaran en protestas incluso culturales o cualquier acto que interrumpiese el tránsito por caminos, puentes o plazas.

B. Indicaciones del Ejecutivo: Con respecto a los “encapuchados”.

Se rechazó considerar como una circunstancia agravante (aumento en la penalidad) que ciertos delitos contra las personas o contra la propiedad se realizaran en el contexto de una manifestación o acto de carácter público o masivo (lo que no quiere decir que efectivamente dichos actos no constituyan delito, sólo que no será una circunstancia agravante que se cometan en dicho contexto) Del mismo modo, tampoco se aprobó como circunstancia agravante que dichos delitos, además de desórdenes graves, se cometiesen “encapuchados”. Y bueno, aquí estaba otra gran trampa de la ley.

En muchos sectores se discutió, conversó e incluso defendió la Ley Hinzpeter debido a que permitía detener al "encapuchado". Más allá de la posición política frente al accionar del mismo, eso es una mentira parcial, porque la ley tiene (y digo presente, pues aún se mantiene un grueso de relevancia de la misma) como fin último reprimir, claramente, la protesta social.

Prueba de ello es que no busca sólo la detención del "encapuchado", sino lo que señala el proyecto es que se busca reprimir a quien "cubra su rostro con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos". 

Primero, teníamos un elemento subjetivo: "cubrir el rostro con el propósito de ocultar la identidad". ¿Cómo probar ello en un juicio? Segundo, como el mismo enunciado lo señalaba: habla de capuchas, pañuelos (piensen en protegerse de los gases lacrimógenos) o "elementos análogos". ¿Qué vendría a ser, considerando lo anterior, un “elemento análogo”? ¿Máscaras? ¿Pinturas? Tercero, no sólo se consideraba una agravante calificada del delito, sino que además se establecía que el sólo hecho de cumplir con el enunciado anterior ya era considerado una falta, con una multa entre 1 a 4 UTM. Cuarto, y si ya consideramos que todo lo anterior es de un claro exceso sin justificación, la ley consideraba lo anterior incluso un delito flagrante, lo que facultaba a la Fuerzas del Orden para detener a los encapuchados y ponerlos a disposición del fiscal. Es decir, por ejemplo, protegerse de los gases lacrimógenos con un pañuelo o algún “elemento análogo”, si para fuerzas especiales o carabinero es "tener la intención de ocultar tu identidad" implicaba detención por delito fragante, que cometías una falta (y su correspondiente multa, cuestión que es difícil de rechazar en un Juzgado de Policía Local) y además, si consideraban que habías cometido un delito, podían incluso darte una pena mayor tras considerar tu “ocultamiento de rostro” una agravante calificada.

 ¿Perseguir a los encapuchados? No. Claramente, el fin era atentar frente a la protesta social, método de lucha propio de nuestro pueblo frente a sus justas reivindicaciones.

Como se señala más arriba, dichas indicaciones fueron, al fin y al cabo, rechazadas.

Ahora, cabe poner especial atención a lo que ocurra en el Senado (y comisión de Constitución), donde puede aprobarse la Ley, rechazarse o incluso hacerle nuevas modificaciones. Y, por supuesto, continuar con la presión realizada por organizaciones y movimientos sociales en general, cuestión que ha permitido plantear nuestra voz y exigencias frente al abuso y la criminalización de la protesta por parte de la clase dominante.

Preguntas para no responder

Si la promesa fue amarnos siempre,
¿por qué no mueres
cada vez que me matas? 

Si yo partí con la caricia desinteresada
ante tu pena vehemente
¿por qué ella fue más sincera
que las cicatrices que de mí guardas?

Si en cada examen
arriesgué la nada
por tenerlo todo
y perdí el todo
por un amor que no me dio nada
¿cómo supero tu distancia
si vuelves cuando aún no te marchas?

Y si yo te quise tanto,
y tú -me decías- me querías más que a nada
¿Por qué yo te sigo queriendo
cuando el querer a una no conduce a nada?